A
partir de entonces aparecen las leyes 25 de 1913, 113 de 1928, 200 de 1936, 75
de 1947, 135 de 1961 que tienen que ver con el uso de los bosques, las aguas, la
creación del Ministerio de Agricultura y la distribución y el uso del suelo
agrícola.
En el
año 1954 se creó la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC) y en 1968, el
Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA); con
ellos se consolidó la base conceptual de lo que después se conocería como
política de desarrollo sostenido y de áreas especiales.
En 1973
se expidió la Ley 23, cuyo propósito era “prevenir y controlar la contaminación
del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los
recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos
los habitantes del territorio nacional”. Esta ley incluyó artículos sobre
incentivos económicos, coordinación entre entidades, educación, servicio
nacional ambiental obligatorio, gastos de protección y renovación de los
recursos y pago por contaminación. Además, estableció los lineamientos de
política para orientar la gestión ambiental y le concedió facultades al
gobierno para expedir el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección Ambiental (Decreto 2811 de 1974).
La
legislación sobre protección del ambiente y manejo de los recursos naturales se
complementó con la aprobación de la Ley Sanitaria Nacional (Ley 9 de 1979), que
contiene el ordenamiento jurídico en tres áreas: Saneamiento ambiental,
atención a las personas y vigilancia y control sanitarios.
Mediante
la Ley 12 de 1982 se estableció la obligatoriedad de una franja o cinturón
verde para las ciudades con más de 300.000 habitantes, con el fin de detener la
expansión incontrolada de las mismas y preservar las tierras con un uso
potencial para la producción de alimentos.
Los
años ochenta se caracterizaron por la expedición de una serie de normas
relacionadas con la descentralización administrativa y fiscal: Leyes 76 de
1985, 11 de 1986, 13 de 1988 y el acto legislativo Nº 1 de 1986 sobre la
elección popular de alcaldes.
La Constitución Política de Colombia de 1991 recogió la
legislación ambiental y la sintetizó en el Título II, Capítulo 3 “De los
derechos colectivos y del ambiente”. Sus mandatos, en lo referente al ambiente
y al manejo de los recursos naturales, fueron reglamentados en lo fundamental
en la Ley 99 de 1993. Por medio de esta ley se creó el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), y se dictaron otras disposiciones.
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